Se trata del proyecto denominado Construcción Sistema de Agua Potable Rural del sector de Tarahuin, de la comuna de Chonchi, el cual procedió a solicitar un aumento de presupuesto para terminar con la ejecución de esta significativa obra.
Dicho proyecto que fue presentado por la Municipalidad de Chonchi, considera la instalación de 59 arranques domiciliarios, a los que se sumarían 5, llegando a un total de 64 arranques.
El monto solicitado asciende a los 62 millones 753 mil pesos, iniciativa que fue destacada por los consejeros regionales Andrés Ojeda y Francisco Cárcamo, por ser considerada como prioridad para el Gobierno Regional.
En tanto el segundo proyecto corresponde a la Habilitación Suministro de Energía Eléctrica, sector Calle, de la comuna de Ancud, que beneficiará a 44 familias, además de una sede social.
Si bien se consideran algunos aportes de la empresa SAESA y de las familias beneficiarias, el monto solicitado al Gobierno Regional es de 167 millones 562 mil pesos, para llevar a cabo esta importante obra que fue presentada por el municipio ancuditano.
Sobre los proyectos de electrificación rural, el Consejero Andrés Ojeda, expresó su inquietud por la demora que se genera en la ejecución de estas obras, por lo que se ha solicitado una reunión con los representantes de la empresa SAESA, para analizar esta situación, que es compartida por los equipos técnicos de las municipalidades chilotas.
“La Municipalidad de Ancud a través de su equipo de SECPLAN, la Municipalidad de Dalcahue a través de su equipo de SECPLAN, también lo hablamos en algún minuto con el equipo de Quemchi, con el alcalde y su SECPLAN, la problemática que tienen con este tipo de proyectos y en específico con la empresa SAESA y en vista de eso hicimos también un acuerdo, nos vamos a juntar con SAESA, y vamos a ver qué pasa con la lentitud de la elaboración de los ante proyectos, que se demoran siete meses, en revisar aspectos técnicos, etc.”, expresó el Consejero Ojeda.
Agregó que a ello se suma la lentitud en la recopilación de los antecedentes para los pasos de servidumbre y también una lentitud en la ejecución de las obras extendiendo siempre el plazo a unos tres años, aun cuando se les cancelan los recursos al inicio del proyecto.
El Consejero Andrés Ojeda, añadió que otros de los temas que hay que analizar, es el aporte que hacen los beneficiarios para la materialización de los proyectos de electrificación rural, los cuales se habrían incrementados en el último tiempo, lo que perjudicaría a las familias demás escasos recursos, que por el alto costo no podrían acceder a este servicio básico.
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