Autoridades destacan consulta ciudadana del Ministerio de Hacienda para modernizar el empleo público

Intendente Geisse explicó que “todos los ciudadanos puedan opinar para que se pueda establecer una  ley que permita, entre otras cosas, una relación laboral indefinida, regular el teletrabajo o que se permita limitar la cantidad de asesores de confianza”.

Recientemente el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó una consulta pública sobre modernización al empleo público. El anteproyecto de ley, sometido a consulta ciudadana, busca modernizar el empleo público para poner el Estado 100% al servicio de las personas y mejorar su calidad de vida. Tiene entre sus propuestas establecer una relación laboral indefinida con indemnización; fijar el mérito como requisito permanente de contratación en el Estado; limitar los asesores de confianza por parte de las autoridades de gobierno; y regular el teletrabajo en el sector público.

Al respecto el Intendente Regional, Carlos Geisse destacó la consulta indicando “el Ministerio de Hacienda en el marco de la Agenda de Modernización del Estado del Presidente Sebastián Piñera lanza una consulta pública para que todos los ciudadanos puedan opinar y se pueda establecer una  ley que permita entre otras cosas una relación laboral indefinida, regular el teletrabajo o que se permita limitar la cantidad de asesores de confianza. Por ejemplo, cada término de año los funcionarios públicos tienen la incertidumbre de la renovación de sus contratos, es decir,  son muchas las cosas que se pueden mejorar para el servicio público y para ello, el Ministerio tiene la página www.consultahacienda.cl  para que entre el 7 y el 28 de enero todos los ciudadanos puedan ingresar y dar sus opiniones, comentarios y sugerencias de forma voluntaria y confidencial”.

El seremi de Hacienda, Cesar Zambrano señaló “es una idea de Gobierno de mejor gestión impulsada por el Presidente Piñera desde su primer Gobierno y  que ahora se consolida a través de esta consulta pública, principalmente dirigida a funcionarios públicos. Esta consulta va a abarcar diversos aspectos y va a ver cuál sería la mejor manera de tener una carrera funcionaria sin exceder los límites que impone la ley”.

Por su parte, el seremi de Gobierno de la región, Luis Toledo manifestó “la participación ciudadana es sin duda muy importante en procesos que son vitales para los trabajadores públicos, pero también, en la forma en cómo a través de estos  funcionarios nos relacionamos,  el Estado se relaciona  con toda la sociedad civil, con las personas,  con la sociedad organizada así es que la invitación es a participar a revisar los contenidos y a aportar ideas”.

Los resultados se presentarán de forma agregada y anónima al finalizar el proceso en el mismo sitio web, y servirán de base para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público.

Antecedentes de esta consulta.

Las reglas del juego del empleo público (estatuto administrativo) datan de 1989. Con excepción de la reforma del año 2003 que creó la Alta Dirección Pública, esta es la primera vez que se aborda una reforma al empleo público. En diciembre de 2018, cuatro centros de estudio –Chile 21, Libertad y Desarrollo, Centro de Estudios Públicos y Espacio Público, construyeron una propuesta conjunta para reformar el empleo público. Esa propuesta, junto a las recomendaciones del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y propuestas planteadas por la Mesa del Sector Público, son el fundamento central de los contenidos de esta consulta pública.

Propuestas para modernizar el empleo público

El anteproyecto busca generar reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, mayoritarios en el sector público. Para ello se propone una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así los derechos con los que cuentan el resto de los trabajadores formales del país. Además, busca hacer más exigente y en igualdad de condiciones el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También propone limitar el nombramiento de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura.  Asimismo, busca promover oportunidades de desarrollo laboral para los funcionarios públicos, regular el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, y sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, el maltrato y el acoso laboral y sexual.

El anteproyecto contiene 6 ejes:

1. Crea una nueva relación laboral entre los funcionarios/as públicos/as y el Estado. Establece un vínculo laboral indefinido con indemnización al egreso para los funcionarios a “contrata” y “honorarios” que cumplan tareas permanentes (270 mil personas aprox.). Todo nuevo ingreso al Estado (Gobierno Central) se regirá por esta regla.

2. Establece el mérito como requisito para un ingreso abierto y competitivo al empleo público, de acuerdo a las competencias, aptitudes y conocimientos de los funcionarios, en procesos transparentes y regulados por el Servicio Civil.

3. Promueve oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral para los funcionarios públicos, permitiendo la movilidad entre las instituciones del Estado y mejorando el sistema de evaluación del desempeño.

4. Acota los cargos de confianza de cada Gobierno, separándolos de los funcionarios de Estado y creando una categoría de “asesores de gobierno”, destinado al personal de confianza. Estos deben renunciar junto con la autoridad. 5. Regula el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, respetando la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar.

6. Sanciona de manera efectiva las faltas a la probidad, maltrato y acoso laboral y sexual en el Estado, perfeccionando los procedimientos y estableciendo la dedicación exclusiva en los sumarios administrativos.