El estudio de Corporación Miles, realizado durante septiembre de este año en colaboración con el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) a 470 personas, reveló que una de cada tres mujeres reconoce haber vivido algún tipo de violencia en el contexto del Covid-19. De ellas, un 89% sufrió violencia psicológica que se tradujo en descalificaciones, humillaciones y malos tratos, seguida de un 13.5% que reconoce violencia económica y por expresión de género.
En ese sentido, una de cada cinco personas menores de 18 años afirmó no sentir la libertad para expresar sus preferencias, gustos o intereses sexuales con su pareja. Y una de cada cuatro, también menores de 18 años, se sintió en riesgo físico durante la pandemia. Asimismo, el 80% de las mujeres encuestadas se vio dificultada para tomar decisiones económicas con autonomía, y un 5.5% fueron víctimas de violencia sexual al tener relaciones sexuales sin consentimiento.
La encuesta también da cuenta de que un 57% de las mujeres prefirió mantener silencio durante una pelea, se sintió criticada o subestimada, o alguien le puso problemas para contactarse con amigos o familiares durante la pandemia.
Por otro lado, la mitad de las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad reconoce haber vivido, principalmente, violencia de índole psicológica y/o emocional y luego económica. En específico, más de un tercio de las personas en situación de discapacidad ha sufrido al menos una de las siguientes situaciones: Le han restringido el manejo del dinero como forma de enojo o no pudo tomar decisiones económicas con autonomía.
“Este estudio pretende ser un aporte a la problematización de una situación histórica que la pandemia sólo ha venido a agudizar y busca potenciar las visibilización de otras formas de violencia que ya no pueden continuar en las sombras”, dice Stephanie Otth, coordinadora de investigación de Corporación Miles.
Asimismo, la encuesta de Corporación Miles evaluó los mecanismos de denuncia disponibles y el impacto que tienen en las personas. Si bien las encuestadas conocen los servicios de respuesta institucionales a la violencia, no acuden a ellos: Solo un 1% acudiría a Carabineros, utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género o los números telefónicos de la policía. El 79% de las encuestadas optaría por sus redes personales frente a una situación de violencia. Este distanciamiento de las personas respecto de los servicios de violencia de género puede explicarse con las malas evaluaciones que hacen quiénes los han utilizado: Según la encuesta de Corporación Miles, sobre un 60% de las personas que han utilizado alguno de estos métodos los evalúan con las peores calificaciones.
Estos datos son alarmantes. Para Corporación Miles, es responsabilidad del Estado promover una cultura libre de violencias, mediante políticas de educación sexual integral que puedan transversalizar un discurso común de respeto y responsabilidad afectiva en los vínculos humanos, que rechacen las lógicas de pertenencia y control emocional que aún perduran en la actualidad. “L os resultados de nuestro estudio interpelan directamente al Estado porque reflejan su respuesta parcial y negligente frente a la violencia. El presupuesto para el 2021 de SERNAMEG y el Ministerio es insuficiente, y la pandemia agudizó la violencia contra las mujeres y visibilizó las fallas de un sistema que sólo entiende la violencia en el contexto familiar o de parejas, pero sabemos que no es así. La violencia es un continuo y nuestros resultados lo demuestran. La violencia de género es estructural. Por ello, alentamos a que el gobierno impulse con fuerza el debate legislativo y podamos contar con una ley integral que garantice el derecho a una vida libre de violencia”, dice Anita Peña Saavedra, directora ejecutiva de Corporación Miles.
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